SANTO DOMINGO—La verdad o, a decir verdad, la tergiversación de la verdad para acomodar los hechos a la preferencia y conveniencia de aquél que, por hecho, derecho o cohecho, tergiversa la verdad, es una conducta que no respeta ideología, filosofía o doctrina pues, a la hora de la verdad, todos los políticos viven obsesionados por la malversa necesidad de matizar la verdad para servir sus perversos instintos de perpetuarse en el poder a través de una sola verdad, la de su autoría que, como suele ser es la verdad verdadera.

Esa triste verdad es algo que ha quedado refrendada en la España democrática con la anuencia o connivencia de un entorno político que, por acción u omisión, intentó imponer la censura previa en los medios públicos de Radio y Televisión de España (RTVE).

Sí, la España del gran caudillo, el mismo que sirvió de emblemático paradigma para tantas nefastas dictaduras latinoamericanas de antaño que, por desgracia, han vuelto a brotar en país tras país a través de una nueva generación de profesos y confesos herederos de la autocracia y el totalitarismo es quien, tristemente, ha escenificado el más bochornoso espectáculo antidemocrático de la era post-Franco.

El Consejo de Administración de RTVE fue quien actuó de verdugo de la libertad de Prensa guillotinando la independencia periodística a través una polémica medida que contó con los votos a favor de cuatro consejeros representantes del Partido Popular (PP) y del representante de Convergència i Unió (CiU), el partido nacionalista catalán.

Esos cinco votos, sin embargo, hubieran resultado insuficientes si no hubieran contado con la abstención de los dos consejeros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sumados al del representante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y del sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Sólo votaron en contra el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y el partido Izquierda Unida (IU).

La trama que ha guiado la actuación de todos—tanto los de izquierdas como los de derechas y, sin obviar a los del centro—es la misma: lo que es bueno para el que hoy está en el poder es bueno también para aquél que saliva por acceder a él.

Horas más tarde tras el revuelo y censura que la medida suscitó no sólo en las redacciones de los informativos públicos, sino en las avenidas y caminos de ciudades y pueblos del territorio español, los dos partidos principales—el PSOE en el poder y el PP a punto de volver—a través de Alberto Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy recularon y decretaron el aborto de la controversial medida.

Si bien es de sabios rectificar, el incidente que ha escenificado, nada más ni nada menos que la flor y nata de la política española no puede despacharse meramente a través de la revocación de la polémica medida, los consejeros cuestionados deben de ser cesados de sus cargos y éste debe servir de base para la firma de un pacto nacional que consagre la independencia periodística y la libertad de Prensa como derechos inalterables de un pueblo democrático y libre.

No hacerlo sería dar un paso atrás, como lo ha dado ya tantos otros regímenes democráticos. Y ese, sería un paso que aplastaría el más sagrado derecho, el de la libre expresión, que atesoran todos aquellos que aspiran a vivir en pleno disfrute de libertades por las que tanta sangre ha sido ofrendada, algo que la memoria histórica española no puede olvidar.

El triste encierro de la democracia española por unos seudo demócratas en busca del control mediático de la verdad—la que a ellos les venga bien o en ganas—no puede pasar como una simple corrida callejera más pues, si esta vez se evitó la embestida que pretendía el Consejo de Administración de RTVE mañana España, ni los pueblos iberoamericanos que comparten su idioma y tradiciones, pueden darse el lujo de sesgar la democracias de sus sociedades por la frivolidad de un estamento político de estirpe autocrática que, claramente, busca rematar la democracia ciudadana.

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