MIAMI—La ralentización de la actividad económica en país tras país ha servido de disparador de una multiplicidad de reclamos—algunos con gran validez argumental en función del peso de la evidencia que les solventa que, al estar salpicados por otros, matizados por una frivolidad manifiesta y de dudosa procedencia, sirven para cocer un majarete social de grandes proporciones cuyas consecuencias resultan todavía inimaginables para el cuerpo político. Más, indiferentemente de cuál ha de ser el desenlace a este entuerto, si la historia sirve de referente, estamos ante un serio resquebrajamiento institucional que ha de afectar la cotidianidad de todos. Por ello, me encuentro estupefacto cuando escucho a los indignados españoles hablar de la democracia de masas como la democracia verdadera y de Islandia como el paradigma a emular.

No me malinterpreten, el pueblo español tiene razones de sobra para estar indignado. Cinco millones de parados. Un partido oficialista que negó, ocultó y dilató, por meses, admitir lo que todos conocían y vivían en carne propia: el desplome de la economía. Un partido opositor, de hecho, el principal que solo articula un discurso de cambio sin contenido ni contexto, tanto en la forma como en el fondo. Partidos minoritarios que acusan a los dos principales de utilizar al bipartidismo para promover la exclusión y mantener rehenes de sus caprichos a las instituciones democráticas. Un movimiento callejero de origen cuestionable y sin clara definición de propósitos que pide que las Leyes se respeten más no tiene encono en violentarlas y, al mismo tiempo, demandar que sus actos no tengan consecuencias. Más unos medios de comunicación señalados por los primeros, los segundos, los terceros pero, en particular por los postreros, por su falta de objetividad. Y, todavía alguien puede preguntarse: ¿por qué los españoles están indignados?

Pueden estar indignados porque están desempleados, pueden estar indignados porque no les escuchan, pueden estar indignados porque aquellos que ejercen el poder les tratan con indiferencia, pueden estar indignados porque no se sienten representados y pueden estar indignados porque la impunidad erosiona a la institucionalidad. Por todo ello pueden y deben estar indignados. Pero no tienen derecho a estar indignados con un sistema político que sacó a España del oscurantismo del Movimiento franquista y le catapultó a su inserción en la comunidad de naciones. Menos si ello significa lanzarse al vacío por el mero hecho de estar indignado. Y, es ahí mi mayor preocupación con los indignados que coquetean con la anarco democracia y expresan un fundamentalismo manifiesto al plantear que “la razón nos apoya y, en función de ello, cualquier otra opinión sobra”.

España es la cuna del caciquismo y madre, padre y espíritu santo del caudillismo latinoamericano que sufrimos desde la rebelión contra la corona imperial que se implantó en América tras el gravísimo pero fortuito error del navegante genovés que en busca de las especias de la India se topó con las especies de indios antillanos que doblegó para hacerse con las riquezas de las ínsulas antillanas. Esa arraigada tradición española que domina la vida partidaria es, en gran medida, la responsable por la asfixia de la renovación de un sistema que necesita oxigenarse. Pero extirpar el pulmón democrático que ha permitido que los españoles respiren en paz y sosiego sus libertades para inhalar una verdadera forma de democracia alentada por vientos de oscura procedencia parecería demasiado extremo.

Cambiar lo que existe hoy en España por un sistema que da rienda suelta al hostigamiento de la vida personal y el derecho de participación de políticos de toda estirpe—como sucediera en días recientes con el Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el presidente de Izquierda Unida, Cayo Lara y los integrantes del Congreso Catalán—no es el cambio que busca la mayoría del pueblo español. Recordemos que el 22 de mayo pasado, siete días plazo a la toma de la Plaza del Sol en Madrid por aquellos que hoy conocen como el 15M, los españoles acudieron en masa a ejercer su soberano derecho democrático. La participación alcanzó el 66 por ciento del censo electoral o 22.9 millones de votantes. Ese día los votos en blanco alcanzaron la cifra de 584 mil o el 2.5 por ciento, y los nulos llegaron a los 389 mil o el 1.7 por ciento.

Denunciar que los electos en los comicios del 22M no son legítimos representantes del pueblo español, como lo han hecho los oscuros líderes de los indignados, es equivalente a cuando todo un gran varón rechaza la paternidad de su hijo aun cuando la madre le confronta con los resultados positivos de una prueba de ADN que le señala por ello. ¿Necesita España transfigurar su sistema político? ¿A qué? ¿A una democracia de masas? ¿A un caudillismo nuevo, encabezado por un indignado? No. ¿Debemos deslegitimizar los reclamos de los indignados? No, no todos son reprochables. Lo que sí es reprochable es que se hable de cambiar el sistema. Eso no, lo que se necesita es fortalecer lo que sí funciona, reformar lo que no funciona y buscar un mejor modo de interrelación entre gobernantes y gobernados.

España, como cualquier otro país que atraviesa por una situación similar, lo que necesita es que un mayor número de españoles se interesen en cambiar el rumbo del país. Que en vez de protestar en las calles o dejar de participar en el proceso político presten atención permanente a aquello que requiere reformas. La medicina preventiva es obviada y, a la postre, es necesario una intervención correctiva que, de haberse observado lo primero hubiera sido totalmente innecesaria.

El problema en gran medida estriba en que la mayoría de la gente solo se preocupa de las cosas cuando estas le afecta en lo personal. El paro sube pero hasta que no afecta el nivel freático del bolsillo propio de cada ciudadano éste, por lo general, permanece al margen de la sequía disfrutando de sus aguas sin darse cuenta que el de al lado tiene sed y el de más allá se ha deshidratado. En el fondo, esa falta de solidaridad es la que subyace en que sea en situaciones críticas como las que se encuentra España que salgan a flote las quejas. Por eso, yo también estoy indignado.

Preocupa, además, el impresionismo naif del país que ha de ser el nuevo modelo español y, que muchos otros, están tratando del calcar. Más que uno de los que quiere otro país sueña con Islandia un país de poco más de 300 mil habitantes—menor que las poblaciones metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Alicante, Zaragoza, Vigo, Granada, Cádiz, Las Palmas, Tenerife y Murcia entre muchas otras—que pretende gobernar a través de Facebook. Construye una nueva constitución como si fuera un concurso de belleza a través de la intervención cibernética de sus ciudadanos internautas bajo el liderazgo, entre otros, de un cantautor, Hördur Torfason.

Pero lo más preocupante de todo no es la improvisación, ni la intolerancia de los indignados es la similitud de su accionar con el que casi un siglo atrás tradujo una insufrible depresión económica a través de bravuconadas callejeras articuladas bajo la bandera de la indignación popular en un movimiento de masas que usurpó la institucionalidad camino al poder e instauró en Berlín al Tercer Reich o la que bajo el estandarte bolshevista prometió igualdad para todos tras la caída del zar para luego todos realizar que algunos serían más iguales que otros. Ese es el temor mayor que presenta una bandada de idealistas manipulada por una oscura mano que lo que busca es cambiar por medio de una Rebelión en la Granja a un Estado institucional a un gobierno de masas en el que, dependiendo del humor coyuntural, se administre y regule la vida de sus ciudadanos de acuerdo al Gran Hermano de turno. ¿Islandia? España? ¿Disneylandia? No, ¡Indiglandia! Por eso, es que estoy indignado.

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