MIAMI—Llegó como salió, ilegalmente. No entró como parte del Acuerdo de San José, ese nunca fue refrendado. Regresó sigilosamente a Tegucigalpa, tomando a todos, menos a los que planificaron su regreso, por sorpresa. Unos aplaudieron su retorno. Otros condenaron la llegada. En una esquina el liberal Manuel Zelaya, en la otra, el liberal Roberto Micheletti. Es una guerra entre hermanos, esas que, por su género y pasión, suelen ser de lo peor. El primero dice que fue derrocado, el segundo se ampara en que su remoción del Poder obedeció al estricto cumplimiento con la Constitución. Ambos tienen razón y ninguno de ellos tiene la solución. Mientras tanto, hay elecciones pautadas para el próximo 29 de noviembre en la que ni el uno, ni el otro figuran como candidatos, ni cuentan con el aval de gran parte de la comunidad internacional.

Ese es el cuadro Kafkiano que hoy presencia el pueblo de Honduras producto de la más severa crisis institucional en su historia—situación que el resto del mundo observa desde la perspectiva individual de cada país, pero con poca atención a la perspectiva y los deseos del pueblo hondureño. Insistir en el retorno de Zelaya al poder porque es el gobernante institucionalmente electo es lo correcto salvo el hecho de que los que le sacaron del cargo correctamente señalan que su remoción es producto de su violación a la Carta Magna.

Pocos pueden argüir que la forma de su salida fuera la correcta. No porque lo sacaran en pijamas y sin zapatos de la Casa Presidencial, sino porque para cumplir con la Constitución no se puede tomar por asalto la sede de Gobierno y exiliar, por la fuerza, al Primer Mandatorio, no importa lo que hubiera hecho. Si se va a argumentar el celoso apego al cumplimiento de la Ley para solventar una acción institucional, no se pueden quebrar los procedimientos para hacer cumplir la misma Ley que se implora para actuar.

Hoy, sin embargo, la situación es otra. Zelaya, cuyas propias encuestas previo a la convocatoria a la Cuarta Urna, la misma que pretendía imponer la reelección presidencial—algo que explícitamente está proscrito y prohibido por la Constitución hondureña—sólo le daban un treinta por ciento de apoyo popular no tiene mucho más que eso. El resto del país, el mismo que ha sido señalado por la comunidad internacional como en falla, no quiere su regreso, mucho menos la posible reelección del depuesto presidente de sombrero de ala ancha.

Micheletti, que ha incitado los más agrias epítetos de parte de sus detractores, entre éstos el Comandante Hugo Chávez Frías, no tiene interés en permanecer en el poder y ha convocado a elecciones adelantas en noviembre para llenar la vacante dejada por la salida de Zelaya, quien también ha dicho que tampoco le interesa quedarse en el Poder.

Ante este claro impasse lo que se necesita es una salida salomónica. Ni para uno, ni para el otro. Fuera Zelaya y fuera Micheletti. Y, para ello, lo único que parece razonable es dejar que el pueblo hondureño, libremente ejerza su elección en las urnas sobre la forma y manera de resolver un problema que, aunque ha concitado el interés de la comunidad internacional, es uno de injerencia estrictamente de los hondureños.