MIAMI—El presidente Hugo Chávez Frías, principal propulsor de la democracia y de la institucionalidad en defensa del usurpador constitucional de Honduras, el presidente de juris, Manuel Zelaya, quien fuera depuesto en un golpe de Estado por el presidente de facto, Roberto Micheletti, suele decir una cosa, hacer otra y pretender que nadie, ni objete, ni se dé cuenta de que no cree lo que dice, ni dice lo que cree mientras hace lo que quiere en su esfuerzo por la creación del socialismo del siglo XXI bajo la sazón bolivariana del régimen chavista.

Para pruebas, con un botón basta. Defiende la democracia, la institucionalidad y libertades en Honduras mientras en Venezuela continúa con el proceso para asfixiar la libertad de expresión al someter a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley con el objetivo de sancionar delitos mediáticos por la divulgación de información que pueda ser interpretada como “una incitación a la violencia o que afecte la salud mental de los venezolanos”.

El objetivo de Chávez Frías es claro. Cerrar fuentes de posible diseminación de voces que expongan posiciones pluralistas, distintas a la línea oficialista. A tales fines ya sacó del aire a Radio Caracas Televisión. Inició procedimientos, además, para cerrar doscientas cuarenta radioemisoras. Y amenaza, casi a diario con el cese de operaciones de Globovisión.

¿Qué son delitos mediáticos para el caudillo bolivariano? De acuerdo con la definición que aparece en el proyecto ante la Asamblea Nacional controlada por el chavismo que publicara El Nuevo Herald, los delitos mediáticos son aquéllos producto de las “acciones u omisiones” que atenten contra “la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad”.

Esa amplia definición, bajo la cual cualquier discusión, posición o representación que no sea considerada consistente con la línea oficialista, las políticas del chavismo y los deseos del régimen serán sancionados. ¿Es eso posible en una sociedad en la que se respeta el derecho a la libre expresión y a la diversidad? No. ¿No constituye esto una usurpación de la propia constitución bolivariana? Sí. Pero como cuando Chávez dice que sí es porque piensa que no y cuando dice que no es en realidad porque cree que es sí y para saber en qué cree basta con juzgarle por sus acciones hay que tomar en serio esta amenaza. ¿Dónde están las voces de los demás mandatarios hemisféricos, defensores todos de la institucionalidad en el caso de Honduras, ante este golpe a la libertad de expresión que se pretende dar en Caracas?

En caso de que esas voces permanezcan en silencio ante la nefasta legislación cabe quizás recordarle al propio presidente venezolano que la misma puede ser un arma de doble filo, pues no sería muy difícil calificar una transmisión en cadena nacional de ocho horas del programa Aló Presidente, como han durado algunas, como tortura sicológica. Por ello, creo que Chávez debe de tener mucho cuidado con su propuesta porque la oposición pudiera invocarla para preservar la salud mental del pueblo venezolano con lo cual el tiro de Chávez contra la libertad de expresión le saldría por la culata.