SANTO DOMINGO—Los gobernantes electos por la vía electoral que profesan su apego a la democracia, al pluralismo y a la tarea de trabajar en la solución de los principales problemas de un país para con ello hacer su aporte para la creación de una mejor nación, no pueden ejercer su poder de espaldas al pueblo, ni ajenos a lo que preocupa a sus conciudadanos. Por eso, sorprende el ejercicio del poder del presidente Leonel Fernández Reyna, hoy en su tercer periodo presidencial, quien pasa más tiempo en seminarios, charlas y disertaciones que en la búsqueda de soluciones a una agenda de prioridades nacionales que el pueblo no entiende por qué no concitan más atención del principal empleado público de esta nación antillana.

Cuatro incidentes recientes que envuelven los cuatro problemas más apremiantes del país—energía, gasto público, gasto social, institucionalidad y delincuencia—ilustran un estilo de gobierno que es, en el mejor de los casos, similar a un mando a distancia de un televisor capaz de modificar, sin intervención directa, desde un punto remoto la realidad, como si por ello se esfumara la responsabilidad personal por la autoría del cambio.

El primero pertenece al sector eléctrico. El país lleva semanas sufriendo de una aguda escasez de recursos financieros para apuntalar un sistema eléctrico administrado por el Estado que está quebrado y produce apagones de hasta veinte horas diarias. En el momento más crítico de los apagones el presidente Fernández pasó dos semanas en un periplo que lo llevó a San Salvador, Paris, Dubai, Doha, Londres y Nueva York. Regresó al país. Y, ¿habló de qué iba a hacer para paliar la crisis y quebrar el pernicioso círculo vicioso en el que opera un sistema que evidentemente no funciona? ¡No!

El segundo concierne al gasto público y social. Al someterse el presupuesto para el 2009 al Congreso que, dicho sea de paso, fue enviado por mensajero y no entregado por el Secretario de Hacienda como corresponde, se descubre que la principal partida de todo el presupuesto de RD$328 mil millones pesos o poco más de US$9 mil millones de dólares estadounidense, corresponde a la Presidencia de la República a la que le asigna una tajada de RD$35 mil millones de pesos, casi el 11 por ciento del presupuesto total. Como resultado, las dos partidas más importantes por las que la población clama por años, Educación y Salud, reciben menos que la Presidencia. Mientras tanto, la emblemática obra de su administración el Metro de Santo Domingo, construida por orden ejecutiva a un costo que nadie sabe pero, ciertamente, superior a los mil millones de dólares estadounidenses sigue sin inaugurar porque no tiene todos sus vagones. ¿Es esa la respuesta que el pueblo esperaba? ¡No!

El tercero envuelve la institucionalidad. En un país en dónde la impunidad es el pan nuestro de cada día que cuenta con leyes que ni se ponen en vigor, ni se aplican con la transparencia que debiera ahora se pretende cambiar la Constitución sin la debida ponderación ni con toda la participación que un acto como ese requiere, trastocándose la esencia del ordenamiento social de una democracia, plural dentro del contexto de un Estado de derecho y orden. Además, ¿es éste el momento para focalizar la atención en un cambio consititucional? ¿No hay otras temas de mayor prioridad? ¿Es así que se consulta al pueblo? ¡No!

El cuarto corresponde a la seguridad pública. En los últimos meses el país ha sido blanco de incidente tras incidente que ponen en manifiesto el uso del territorio nacional como punto de trasborde de drogas en el se ha alegado la participación de efectivos de distintas gradaciones de las Fuerzas Armadas. Tan es así, que principales líderes del partido oficialista han reclamado acciones firmes para evitar que avance la posibilidad de que el actual estado de derecho, como el que quiere la abrumadora mayoría del pueblo dominicano, se transfigure en un narco estado. Dentro de ese marco el Secretario de Interior y Policía emite una resolución procurando el desarme durante el periodo navideño de todos los portadores legales de armas. Al presidente Fernández Reyna se le preguntó a la salida de una feria de seguridad privada su posición sobre la delincuencia y, en vez de hablar sobre la seriedad de la situación y el hecho de que prepara una ofensiva contra ella el mandatorio, según Diario Libre pidió tiempo para “preparar un mensaje bien articulado y elaborado, no una cosa en los pasillos. Déjenme yo elaborar las cosas, y dirigirme al país y no matar el mensaje”. ¿Es ese el mensaje que espera el pueblo? ¡No!

El pueblo, éste y todos los que conozco, lo único que reclaman es que primero, las prioridades sean las correctas y, segundo, que se hable con franqueza, sin rodeos, ni necesidad de disertaciones doctorales sobre cómo se van a resolver esos problemas y aprovechar esas oportunidades. Escuchar eso de Fernández Reyna seria refrescante y tranquilizante. Pero, al considerar su comportamiento y reflexionar sobre su discurso público hay que concluir que sus actuaciones, producto de mensajes encontrados con la realidad, distan de lo que espera el pueblo, algo que comienza a erosionar la gobernabilidad en un país que cuenta con un débil estamento institucional. ¿Es eso lo que quiere el pueblo? ¡No!

¿Por qué no se escuha lo que quiere el pueblo? ¿Por qué no se atienden los reclamos básicos que forman parte de la agenda de prioridades populares? No puede ser porque no se conozcan, ni tampoco por que sean descabelladas, entonces, ¿por qué no se atienden? Esas son las contradicciones fundamentales de un discurso público desconcertante.