SANTO DOMINGO—La improvisación o, dicho de otra forma, la falta de previsión o de planificación acarrea serias consecuencias tanto en lo colectivo como en lo particular, así como en lo público y lo privado. Pero cuando ocurre en el Gobierno, cuando el pánico sobrecoge a los gobernantes no hay contén. Y menos cuando el empresariado mira para el otro lado. Si no pregúntenle a los argentinos que hace apenas seis años sufrieron los efectos del corralito que congeló sus ahorros y hoy enfrentan otra intentona de saqueo, esta vez, de los planes de pensiones privados y los treinta mil millones de dólares que pertenecen a los trabajadores que cotizan en el sistema.

Cristina Kirchner, en su afán por cuadrar un déficit fiscal que no le cuadra, ahora le mete mano a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), como antes cargó con el maletín que le enviara el Comandante Hugo Chávez Frías para su campaña y, posteriormente, con un injustificado impuesto adicional a las exportaciones del campo. La confiscación, a través de la estatización de los fondos de pensiones privados, sería otro golpe más para el pueblo argentino. Otra confiscación de la propiedad privada, sí, porque los fondos depositados en las AFJPs son propiedad de los que los ahorraron: los trabajadores argentinos.

En el 2002, año en que la Argentina tuvo cinco presidentes en tres semanas—proceso que eventualmente le significó la primera magistratura del país a otro Kirchner, Néstor, quien es el consorte de la Cristina—le entregaron un vale del Estado como deuda futura a pagarse por los demás gobiernos que en el futuro tuviera el país. Hoy, no. En esta ocasión el Estado argentino estatiza todos los fondos, tiene acceso a ellos para cubrir sus déficits y los cotizantes quedan desamparados con un simple plumazo de la ocupante de la Casa Rosada.

Este robo oficialista tiene que ser denunciado y, más aún, censurado con gran sentido patriótico por el empresariado argentino. Porque dejar pasar esta monstruosidad, mirar al costado o, peor aún, cerrar los ojos ante un crimen de lesa humanidad como éste es la una irresponsabilidad mayor y un serio socavo de las libertades. Primero la de expresión, segundo la de libre comercio y tercero la del respeto a la propiedad privada.

Argentina no está sola. Porque ejemplos de este mal abundan. La continua dependencia de los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, en el petróleo. La avaricia y desenfreno de la industria financiera de los Estados Unidos que hoy le cuesta miles de millones de dólares al pueblo norteamericano. El uso de los recursos del Estado venezolano que son del pueblo, por el Comandante Hugo Chávez Frías como si fuera una caja chica personal.

El caso de las AFJPs argentinas, sin embargo, debe de servir de alarma para otras naciones que, de un tiempo acá coquetean con ideas similares que ni son creativas, ni son casuales, ni son beneficiosas para sus pueblos y que demandan que aquéllos en el sector privado, los empresarios, levanten su voz de protesta para evitar el robo y despilfarro de la propiedad de todos los ciudadanos. No es hora, ni momento para la reflexión, ni mucho menos para el silencio y la inacción, ni tampoco para sólo preocuparse por lo particular. El momento llegó para que todos los que creen en la democracia, en el pluralismo, en la protección de los derechos individuales de expresión y propiedad privada digan, en la Argentina y en toda América Latina, por una vez y por todas, ¡Basta ya!