SANTO DOMINGO–La gobernalidad, es decir, la capacidad de ejercer el poder de un gobernante tiene una correlación con su habilidad de atender las necesidades básicas del pueblo que, por regla general, suelen ser cuatro: salud, educación, seguridad individual y empleo. Rara vez otro elemento de la agenda nacional sirve de detonante para canalizar el desafecto popular. Más sin embargo, primero en Chile y ahora en República Dominicana, el tema del transporte público amenaza con arrollar la gobernabilidad de dos gobiernos democráticamente electos.

La popularidad, amén de la aprobación popular de Michelle Bachelet en Chile se ha erosionado sensiblemente hasta el punto de cuestionarse no sólo el futuro de su administración, sino el de la misma Concertación, la alianza de partidos políticos responsable por la derrota de la dictadura de Augusto Pinochet y el retorno de la democracia a ese país austral, por consecuencias de los desatinos resultantes de la implantación del proyecto Trans Santiago.

Acá en el Caribe, el gobierno del presidente Leonel Fernández, parece encaminarse por el mismo escabroso sendero que el de la Bachelet con la construcción de un Metro. Si el proyecto de Bachelet no ha recibido la aprobación de los chilenos es debido a una correlación de hechos que o no se tomaron en consideración o fueron descartados como pamplinas o ni si quiera se les ocurrió a sus gestores. Lo cierto es que hoy, Santiago, tiene un sistema más eficiente pero el servicio que provee a los chilenos es peor que el que suplantó.

Trans Santiago no funciona porque no tomó en consideración los patrones de uso de los pasajeros y, como resultado, según me relatara un usuario hace unas semanas en Santiago “antes tomaba un bus para llegar al trabajo y, ahora con el nuevo sistema tengo que tomar tres. Otro amigos tienen que caminar muchísimo para poder llegar a una de las paradas de las nuevas
rutas. Y la presidente lo único que dice es que ella misma tenía serias dudas sobre su funcionamiento”.

El Metro dominicano, proyecto insignia de la administración del presidente Leonel Fernández que suscitó la creación de una burocracia especial para su concepción y desarrollo-la Oficina para el Reordenamiento del Transporte–dirigida por un astuto ingeniero, amigo del presidente desde la época en que era un desconocido político, quién luego fuera Ministro de Obras Públicas en su primer periodo presidencial a quién Fernández sacó del banco para entrar a juego.

Diandino Peña, mejor conocido como Diandy, es notorio por su gesta a la cabeza de proyectos de gran resonancia. De hecho, además de los túneles y sobre pasos de la Avenida 27 de febrero, la ciudad capital de la república oriental de la Española está dotada de varias edificaciones comerciales y residenciales que llevan el sello de Diandy seguido del números romanos para identificar la fecha de su construcción. Y, a juzgar por los números que he podido divisar, el Diandy es un constructor exitoso.

El caso del Metro, sin embargo, le presenta un gran reto. Primero, porque desde el primer día de su anuncio el mismo ha sido manejado con mayor secretividad que el proyecto de Los Alamos que produjo las bombas atómicas utilizadas por las fuerzas de los Estados Unidos de América contra el Japón en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.

Nadie conoce sus planes. Nadie conoce sus costos. Nadie conoce qué estudios se efectuaron para determinar su viabilidad estructural, económica o en la prestación de servicios al pueblo dominicanom

Y, por alguna razón que nadie conoce, el gobierno del presidente Fernández, no parece tener mucho ánimo en compartir el costo de un proyecto que, a la postre, tendrá que solventar el pueblo dominicano. Tan es así, que un periodista, Luis Eduardo Lora, tuvo que ampararse en la Ley de Acceso a la Información Pública, para forzar al gobierno a darle la información.

El Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo le dió la razón a Lora. La respuesta de Diandy objetando el fallo no se hizo esperar: “No puedo dar los planos pues un proyecto de esta naturaleza tiene que ver con la seguridad nacional”.

Si los da o no está por verse. Lo que si se sabe es que el proyecto ha sufrido atrasos debido a que las condiciones de los suelos donde se llevaban algunas de las excavaciones no eran las que debían ser y, como consecuencia, derrumbes han afetado los trabajos, las rutas y la confianza popular en el proyecto.

Diandy, quien es un gran polemista, planteó con toda seriedad que el problema es que en el país “nadie sabe de este tipo de proyectos”. Precisamente el por qué del pleito de Lora.

Mientras tanto, un pueblo que, según los últimos sondeos, tiene poca fe en la capacidad administrativa de su Gobierno, espera ser educado sobre el principal proyecto cara a la reelección del presidente Fernández, quien el próximo domingo enfrenta una interna partidista sobre su candidatura.

Nadie sabe, a ciencia cierta, si ganará o no pero gracias a las nuevas leyes para fortalecer el poder ciudadano, parece que finalmente no pese los esfuerzos de Diandy, habrá por vez primera, información sobre el Metro de Leonel. Ojalá que todavía no sea tarde para, de no contar con todas las garantías, estudios y viabilidad económica, frenar un tranvía producto del deseo de un hombre y no del clamor de un pueblo.

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