El Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico está a punto de perder el Estado, es decir su estructura y organización pública, a consecuencia de la crisis más grave de gobernabilidad que ha enfrentado la isla caribeña desde la llegada en 1492 de Cristóbal Colón a sus playas. Y a menos que ocurra un milagro, mañana lunes, miles de servidores públicos estarán en la calle, el curso escolar habrá terminado. Ese es el resultado del fundamentalismo partidista de un gobierno que, por virtud de los resultados electorales del 2000, quedó compartido entre un ejecutivo dominado por el Partido Popular Democrático, PPD, y un legislativo dominado por el Partido Nuevo Progresista –los dos partidos que se han alternado el poder en los últimos cincuenta años.

Puerto Rico vive un surrealismo criollo como consecuencia de años de dejar sin resolver serios y profundos problemas de orden estructural que, sumados a la imprevisión con que se suele vivir en los países tropicales, han producido un déficit operacional de más de mil millones de dólares en las finanzas del Estado, el principal empleador del país que, además, carga sobre sus hombros la deuda pública más onerosa en términos per cápita en la faz de la Tierra: cuarenta y tres mil millones de dólares.

El detonante más reciente de la crisis insular es la inhabilidad del gobierno central, en manos del PPD, para obtener la aprobación de un impuesto sobre las ventas en la Cámara de Representantes dominada por el PNP. El proyecto de ley ya aprobado por el Senado, en control del PNP, establece un impuesto de un siete por ciento cuyos recaudos servirían para paliar la insuficiencia fiscal por la que atraviesa el Estado y evitar el cierre de departamentos y agencias, además del consiguiente deterioro en la prestación de servicios públicos a la ciudadanía.

A este callejón sin salida han llegado tras más de un año de advertencias de que, además de observar mayor sobriedad en el gasto, había que buscar nuevas fuentes de ingresos para un aparato público agigantado a través de las últimas cinco décadas por modas coyunturales de crear departamentos de gran visibilidad pero de poca eficiencia.

En todo el trayecto de la discusión pública sobre la insuficiencia de fondos, la postura del gobernador Aníbal Acevedo Vilá ha sido la de buscar soluciones que eviten, primero, el cierre del gobierno y, segundo, un incumplimiento en el pago de la deuda pública. De hecho, hasta aceptó la propuesta de la oposición de implantar un impuesto sobre las ventas de un siete por ciento. Y ésa fue la medida que aprobó el Senado controlado por el PNP.

El problema, sin embargo, se complica aún más pues un senador, el ex gobernador Pedro Rosselló, quien perdió la gobernación por fracciones de por ciento ante Vilá en el 2000, es el que mantiene la ficha de tranque, conjuntamente con el presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte. Y tras el Senado aprobar la legislación que le hubiera permitido al gobierno central tomar prestado, como adelanto del cobro del impuesto y con ello paliar la insuficiencia presupuestaria, Rosselló y Aponte trancaron el proceso con su oposición a que fuera un siete por ciento, como originalmente había propuesto el PNP, a cambio de que fuera de un cuatro por ciento.

Ante este agobiante cuadro fiscal y la seria crisis de gobernabilidad por la que atraviesa la isla, un acuerdo de último minuto sólo serviría para emparchar una vez más la problemática puertorriqueña. Puerto Rico necesita, de forma urgente, que el liderato político deje atrás sus diferencias. No que piensen igual, eso sería pedirle peras al olmo, pero que piensen juntos cómo van a sacar el país del atolladero en que lo tienen. No es momento de paños tibios, ni de revanchismos, ni de ganadores ni perdedores, es momento de trabajar por aquéllos que siempre pagan los platos rotos –el pueblo puertorriqueño. Hacer lo contrario sería abrirle paso al anarquismo institucionalizado y no serían pocos los que piensen que el ELA son las siglas para el Estado Libre Anárquico, que es hacia donde ineludiblemente parece que va el país.