El discurso público de toda persona, entidad o gobierno define el tono, la forma y la manera con que es percibida por públicos de importancia, así como el grado de credibilidad y libertad de acción que en consecuencia alcance. Es por eso, precisamente, que a mayor grado de distanciamiento entre las acciones y las palabras de un gobierno, mayor grado de erosión de su credibilidad, apoyo popular y eventualmente su gobernabilidad. Más simple no puede ser. Sin embargo, a diario tenemos ejemplos de los efectos del doble discurso público en los gobiernos latinoamericanos.

Durante las campañas proselitistas camino a la definición electoral el discurso reformador de los candidatos de la oposición y las acusaciones de corrupción contra el oficialismo son los ejes principales de sus mensajes políticos. Ese es el momento de captar la atención del electorado y de sicológicamente apelar a las esperanzas del pueblo elector de que un nuevo régimen ponga fin, de una vez y por todas, al gigantismo gubernamental, a la corrupción, a la inseguridad jurídica, al atropello de los derechos civiles, a la disparidad en la distribución de las riquezas. Villas y castillas son prometidas.

Alejandro Toledo desde las barricadas de la oposición avivó la ira del pueblo peruano y convirtió ese descontento popular para con el régimen del fugitivo Alberto Fujimori en votos que lo llevaron a la Casa de Pizarro con una aprobación sin precedentes proveniente de un electorado sediento por un cambio significativo en la conducción del país andino. La luna de miel de Toledo, sin embargo, duró poco y, a juzgar por los resultados de la encuesta Mitofsky, no parece tener un piso.

En mayo, según la encuesta sobre la aceptación de los presidentes en diecinueve países en el hemisferio, Toledo ocupó el sótano de la clasificación, con sólo un 10 por ciento de aceptación. La posición de Toledo es la más baja de todas. Pero la caída más estrepitosa ha sido la de Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, quien pasó de tener una aceptación de un 58 por ciento en septiembre del 2004 a sólo 40 por ciento, sin contabilizarse el desgaste más reciente por la dimisión de su mano derecha y jefe de gabinete José Dirceu ante las recurrentes acusaciones de sobornar a congresistas.

El presidente peruano, quien tiene cuatro años en el poder, ha sido acusado de intervenir en la presunta adulteración de firmas para inscribir a su partido político en 1998, uno de los factores que, sumado a su indiferente estilo de gobierno, han contribuido al deterioro de su imagen. En cambio, el uruguayo Tabaré Vázquez, quien asumió la presidencia de su país el 1 de marzo de este año, encabeza a todos los presidentes hemisféricos con un 80 por ciento. ¿Qué tiene que hacer Tabaré para evitar un toledazo?

La clave parece encontrarse en las palabras del sociólogo Fernando Enrique Cardoso, dos veces presidente de Brasil, quien en una entrevista reciente con el diario El Comercio de Lima claramente expuso el reto al que se enfrenta Vázquez: “Un gobernante no puede perder el respeto de su gente. Cuando pierde el respeto no gobierna. Sin popularidad sí se puede gobernar en democracia, pero cuando la gente no respeta más, cuando pierde legitimidad para ejercer el mando, ahí sí hay una crisis”.
En apoyo de la perspectiva de Cardoso están los casos de George W. Bush en los Estados Unidos de América, quien cuenta con una aceptación de 42 por ciento, y de Tony Blair en Inglaterra, cuya aceptación es aún menor, de un 34 por ciento.

Bush sigue gobernando e impulsando su agenda legislativa aun cuando su política exterior ha erosionado la aceptación de su gestión por parte del pueblo norteamericano. Y, Blair, su gran aliado al otro lado del Atlántico, acaba de conquistar un tercer término para los laboristas aun cuando la mayoría del pueblo inglés no aprobaba su gestión. Ambos, sin embargo, siguen siendo respetados.

Pero cuando se pierde el respeto sucede lo que le sucedió a Carlos Mesa en Bolivia, quien pese al hecho de que al momento de tomarse el sondeo mantenía una aprobación de un 64 por ciento, la sexta más alta en todo el hemisferio –superada solamente por Vázquez, Néstor Kirchner, Alvaro Uribe, Hugo Chávez y Ricardo Lagos–, dimitió de su cargo ante la presión de grupos que ni le admiraban ni mucho menos lo respetaban, pero que supieron prenderle fuego a la leña de sectores importantes del país que no estaban de acuerdo con sus políticas.

Por consiguiente, el discurso público de un gobierno que quiere mantener el respeto de su pueblo y, con ello, fortalecer la gobernabilidad requiere ser uno transparente, sin titubeos y que, sobre todo, evite el paso doble o el mensaje cruzado pues, como hemos podido ver, esa acción termina en un traspiés.

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