Los partidos políticos, en la misma medida en que los medios de comunicación han estado cediendo espacio a canales de comunicación de gran focalización e individualización, han perdido el poder de convocatoria que tradicionalmente les distinguieron un siglo atrás. En su lugar, en país tras país, sin distinción geográfica, histórica, ni mucho menos ideológica, ha ido adquiriendo mayor relevancia un fenómeno –el de la convocatoria popular, sin un líder a la cabeza– que finalmente logró ponerle fin al gobierno del presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, sexto mandatario del país desde 1996.

La crisis ecuatoriana en efervescencia desde diciembre pasado, ocasión en que Gutiérrez, en complicidad con el Congreso, decidió deshacerse en pleno del Tribunal Supremo, no ha quedado resuelta tras la destitución del nuevo Tribunal por la misma clase política que disolvió el primero. Un pasito para adelante, otro para atrás y estamos en el mismo lugar frente a una clase política totalmente desacreditada. Y ése es el verdadero problema de este país sudamericano exportador de bananos en el que ya el pueblo se hartó de aquéllos que en violación de sus responsabilidades públicas y a espaldas del pueblo han gobernado para beneficio suyo o de los suyos.

En los cuatro meses de vida del Tribunal Supremo creado por Gutiérrez éste cumplió con su misión –anular los juicios por corrupción de dos de los ex presidentes y un ex vicepresidente que precedieron al ex coronel golpista en la cúpula de poder. Gracias a ese trabajo de sastrería jurídica, encabezado por Guillermo Castro, ayer acólito de Abdalá Bucaram, hoy los ex presidentes Bucaram y Gustavo Noboa, así como el ex vicepresidente Alberto Dahik, se encuentran sin cuentas pendientes con la justicia y de vuelta a casa tras años de exilio.

El Congreso ecuatoriano al rescindir su decisión de diciembre y echar a la calle a los magistrados del Supremo de Gutiérrez, dejó en el limbo la suerte de los tres ex prófugos de la justicia, que le tocará sortear al Tribunal Supremo que sea constituido, evento que, en el mejor de los casos, podría demorarse al menos dos meses.

Mientras tanto, las calles de las principales ciudades de Ecuador –Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala– se vieron conmocionadas por la indignación popular contra la clase política de la cual Gutiérrez era su principal exponente aun cuando su representatividad se encontraba seriamente erosionada como resultado de que, al final de su mandato, sólo contaba con el apoyo popular de un 7% de la población.

Ante una situación en que los cacerolazos callejeros dictan el ritmo del país, el índice de riesgo país usado por inversionistas extranjeros para percibir condiciones económicas al establecer operaciones mostró, antes de la salida de Gutiérrez, un repunte de un 25% desde el 8 de marzo en que había alcanzado el mínimo histórico de 592 unidades, colocándose en 737 unidades.
De igual forma continuó desenfrenado el índice de cinismo político de Gutiérrez y sus partidarios. Oscar Ayerve, ministro de Gobierno, tuvo el tupé de catalogar la votación del Congreso disolviendo el mismo Tribunal Supremo que apenas cuatro meses atrás había creado como de carácter histórico.

Y Gutiérrez, por no quedarse atrás, rechazó que fuera a dejar el cargo mediante renuncia. “No, yo no puedo marcharme. Tengo una gran responsabilidad con los trece millones de ecuatorianos y con los más de tres millones que votaron por mí”.

Esas dos reacciones confirmaron el porqué de la crisis, ya que ni uno ni otro entendieron qué es lo que votó el pueblo y qué reclamaba de sus gobernantes. No tenían ni idea de la realidad, ni de cómo salir del laberinto en que se habían metido, y con ello se ganaron que el mismo Congreso cómplice sacara a Gutiérrez de la presidencia y, en su lugar nombrara a su vicepresidente, Alfredo Palacio.

Fuera el presidente, sin Tribunal Supremo y con un Congreso en entredicho, el país enfrenta el incierto futuro de la desarticulación institucional gracias al desenfreno de un liderato político propio de sociedades de inestabilidad y quebranto tipificadas por la calificación de república bananera que, como ya hemos visto en el Ecuador, trasciende uno de sus principales productos de exportación para convertirse en su marca país o, dicho de otra forma, en su supremo problema.

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